ESTADO EDUCADOR. Carlos Garcia Andoin

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Imagen de Free-Photos extraída de Pixabay

Carlos García de Andoin. cristianismeijusticia

¿El Estado puede y debe educar en valores cívicos? Esta es la cuestión de fondo planteada hoy por el pin parental y ayer por la objeción a Educación para la Ciudadanía. La cuestión no es a quién pertenecen los hijos. Está claro que son de los padres/madres. No en el sentido posesivo; que tengan una cosa en propiedad, que puedan moldear a su capricho. Lo son en cuanto que forman parte de una familia creada y sostenida por unos progenitores que, ante la sociedad y el Estado, son los responsables de su crianza, cuidado y educación, al menos, hasta que alcancen la mayoría de edad. Esta perspectiva futura es crítica; porque a fin de cuentas de lo que se trata es que el único dueño de esa niña o de ese niño sea precisamente ella misma, él mismo. Es el objetivo de todo proceso de educación y socialización: la emancipación. A su consecución deben ayudar la familia y el Estado hasta que la menor pueda ejercer como persona ciudadana, autónoma, libre y responsable.

No cabe duda, por otra parte, que al Estado corresponde garantizar que esa tutela de la familia sea conforme a la ley. Las familias son lo que son. La mayoría cumple adecuadamente su función social, con entrega y afecto, pero en otras no faltan conductas anómicas. En unos casos pueden darse circunstancias incapacitantes de la patria potestad. En otros casos se producen abusos sexuales de menores o también violencia física. O se pone en riesgo la vida del niño, por dejación de responsabilidad o aduciéndose motivos religiosos, como en el caso de la negativa a la transfusión de sangre de los Testigos de Jehová. También puede darse que la familia no cumpla con algunos de sus deberes en la educación del menor, por ejemplo, no garantizando su escolarización o pudiendo incitarlo a conductas ilegales o delictivas. En todas estas situaciones toca actuar al Estado. Debe proteger los derechos del menor, y, si es preciso, actuar contra los padres y la patria potestad, en su defensa. El espacio familiar no queda exento del cumplimiento de la ley.

Pero además el Estado, según la visión liberal, desde el siglo XIX, ha asumido un activo papel en la educación. La Pepa, en 1812, declaraba el “interés general” de la educación. A las Instituciones corresponde aprobar, desde la ley Moyano de 1857, la legislación educativa y los contenidos curriculares en todos los niveles de la enseñanza. Por supuesto, en contenidos científicos y técnicos, pero ¿también en competencias, actitudes y valores? Si, también.

Daré tres razones. Primera. Es la respuesta que nos dimos en la Constitución, en el art. 27.2. La educación tiene por finalidad el “pleno desarrollo de la personalidad humana” (27.2). Incluye, por tanto, no sólo aprender a conocer, sino aprender a ser y aprender a convivir. Por cierto, en esta perspectiva integral, frente a una concepción tecnocrática de la educación, coinciden tanto la Institución Libre de Enseñanza de Giner de los Ríos como la escuela de ideario cristiano. El fin de la escuela es educar no instruir.

Segunda. No hay democracia sin ciudadanos democráticos. El futuro de la democracia depende de la socialización de las nuevas generaciones en la cultura democrática y sus valores ético-cívicos. Por ello, en el mismo 27.2 añade el objeto de educar “en el respeto a los principios democráticos de convivencia y a los derechos y libertades fundamentales”. Sin internalización de valores cívicos, sin afecto hacia ellos, la democracia se vuelve obligación externa, en definitiva, coacción. Sin sociedad civil democrática, tarde o temprano, adviene el autoritarismo.

En tercer lugar, es pertinente recordar que según el art. 9.2 CE corresponde al Estado “promover las condiciones” y “remover los obstáculos” para hacer efectiva la libertad y la igualdad del individuo. La violencia machista, el sexismo, la homofobia, la xenofobia, deben ser combatidos con el Código Penal, pero también a través de la educación, de toda ella, incluidas concertada y privada; subrayo, para promover condiciones y remover obstáculos. Así, presupuestos antropológicos, prejuicios culturales, roles establecidos, pautas de conducta socializadas… deben ser puestas en cuestión y modificadas socialmente, y la educación constituye una palanca crítica para ello. No cabe el pin parental si es para debilitar la lucha de la sociedad en favor de la vida de la mujer asesinada, de la libertad de la persona transexual, de la dignidad de la adolescente abusada o la joven violada. No cabe ampararse en convicciones morales y religiosas de los padres si es para impedir la igualdad del adolescente migrante o la del que desarrolla su personalidad con una orientación homosexual. ¡No!

El futuro de la educación está en la colaboración, no en una falsa y manipulable confrontación, entre familia y Estado. Las familias hemos de participar más y debemos ser incluidos más en la Comunidad educativa. Hay mucho que mejorar y también alguna extralimitación que encauzar. Hace falta asimismo mayor deliberación y capacidad de acuerdo entre diferentes. Pero antes de empezar, algunos ya van sembrando de minas el reclamado y necesario pacto educativo.

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