El mes de junio comenzó con una muy mala noticia. El Consejo de Europa y el Parlamento Europeo, con la aquiescencia de la Comisión Europea, pactaron un Reglamento Europeo de Retorno que abre la puerta a que las personas migrantes en situación irregular puedan ser deportadas a terceros países como destino definitivo o intermedio a la espera de su devolución a su país de origen.
Esta decisión es, en el fondo, la culminación de una larga lista de decisiones que ha buscado hacer de Europa una fortaleza inexpugnable en la que un control de fronteras cada vez más estricto impidiera la llegada de personas migrantes.
La aprobación de este reglamento tiene un contenido simbólico devastador.
Aunque el texto habla, por supuesto, de medidas de salvaguarda de los derechos humanos, sabemos por experiencia que esas medidas no han evitado multitud de violaciones de los derechos humanos en países como Túnez, Libia, Mauritania, Marruecos o Turquía a los que hemos pagado para evitar que las personas migrantes vengan a Europa.
El Reglamento Europeo de Retorno viene a decir, de manera clara: “no nos importan en absoluto los derechos humanos de las personas migrantes”. Viene a decir, en consecuencia: “no nos importan en absoluto los supuestos valores europeos que proclamamos”.
Es una traición en toda regla. Una traición a toda la ciudadanía europea que creyó en la idea de una Europa de los valores. Una traición a la ciudanía de cualquier lugar del mundo que ha mirado a la Europa de la Ilustración y de la unidad europea como una inspiración moral y política. Una traición a Europa misma.
La indignación que esta decisión nos provoca se ve aumentada tanto por los motivos que la provocado como por los efectos que tendrá.
En cuanto a los motivos, hay que citar el auge de un discurso del odio propiciado por los partidos de la ultraderecha en principio, pero asumido con cada vez más naturalidad por los partidos de derecha y, en muchos casos, por los de centro-izquierda (el gobierno laborista de Keir Starmer en Reino Unido o los socialdemócratas daneses).
Esta es la última consecuencia del triunfo del discurso del capitalismo posmoderno y tecnológico, que está reduciendo la sociedad a un conjunto de individuos cada vez más aislados que, en lugar de unirse para pelear por los derechos de todos, ven en las otras personas obstáculos -cuando no enemigos- a la maximización de su bienestar individual o familiar.
En cuanto a los efectos, este reglamento causará, por un lado, el aumento considerable del grado de sufrimiento que las personas migrantes que intentan acceder a Europa padecen. ¿Se imaginan el horror que se podrá dar en un Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) que no esté en Aluche, sino en el medio del desierto de Túnez, por poner un ejemplo?
No es algo que desconozcamos. Ahí están los testimonios aterradores de las personas subsaharianas retenidas durante meses o años en los centros de internamiento libios. Ahora, gracias a este nuevo reglamento, Europa podrá, en nombre de los intereses de sus ciudadanos y ciudadanas devolver a lugares parecidos -tal vez un poco menos terribles- a aquellas personas que han conseguido llegar a Europa tras escapar a trampas tan brutales.
Pero, además, más allá de consideraciones humanitarias y morales, es una política destinada al fracaso, como muchas de las puestas en marcha por Europa en materia de inmigración durante los últimos años.
En los últimos 20 años la Agencia Europea de Control de Fronteras (Frontex) ha multiplicado su presupuesto casi por 100, pasando de 14 millones de euros en 2006 a 1.130 millones de euros en 2026. ¿Ha conseguido esto detener las llegadas de personas migrantes a nuestros países? No.
La decisión se toma, por si estos argumentos en contra fueran pocos, meses después de constatar el fracaso de iniciativas parecidas que solo han servido para dilapidar el dinero de los contribuyentes italianos y británicos: los proyectos de los gobiernos de Giorgia Meloni de enviar solicitantes de asilo a Albania y de los gobiernos tories y laboristas de hacer lo propio en Ruanda.
Se toma también basándose en miserables cálculos electoralistas. Porque es más fácil gesticular ruidosamente y presumir de ser tipos duros que explicar a la ciudadanía que necesitamos a las personas migrantes para la buena marcha no solo de nuestras economías, sino de nuestra sociedad, y poner en marcha políticas migratorias, de cooperación y de justicia económica y ecológica global que promuevan un verdadero desarrollo en los países del Sur Global y que permitan una migración ordenada que beneficie mutuamente a los países emisores y receptores de personas migrantes.
Vivimos un tiempo convulso, que deja poco espacio a la esperanza. Pero al menos, como personas y como colectivos, podemos denunciar que este reglamento es una traición en toda regla. Una traición que, desde luego, no avalamos.
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