Los nudos de la violencia machista sobre las migrantes: falta de derechos y de protección.

PATRICIA MACÍAS Y FUNDACIÓN POR CAUSA EN PIKARA MAGAZINE

Sobrerrepresentadas en las cifras, las mujeres migradas víctimas de violencia machista en España no reciben la protección que necesitan ni pueden acceder de manera efectiva a sus derechos por ser migrantes.

“Cuando a mí me pasó me daba vergüenza reconocer que había padecido violencia machista porque pensaba: ‘Pero si yo he estudiado, si yo soy una mujer que nunca he permitido que un hombre me pueda hacer daño, ¿por qué he llegado a este punto? ¿por qué a mí?’ Pero luego te das cuenta, cuando asistes a un grupo, que hay de todo, que hay psicólogas, que hay personas profesionales, que hay amas de casa, hay de todo, que esto le puede pasar a cualquier mujer por más fuerte que te creas”.

Este es el testimonio de Luna*, una de las 19 mujeres que han compartido su historia de violencia machista y que vertebran el informe ‘Tirar del Hilo: Historias de mujeres migradas supervivientes de violencia machista’, elaborado por la Red de Mujeres Latinoamericanas y del Caribe (Red Latinas) y la Asociación de Investigación y Especialización sobre Temas Iberoamericanos (AIETI). Una metáfora, tirar del hilo, que implica analizar la compleja madeja que compone la violencia de género, una violencia que acecha a todas, como dice Luna, pero frente a la que las mujeres migrantes en España se encuentran aún más desprotegidas por el hecho de no tener la nacionalidad española.

Estos 19 testimonios permiten profundizar en los obstáculos que muchas mujeres migrantes encuentran a la hora de escapar de sus agresores: miedo a denunciar por no tener papeles, escasos recursos económicos, soledad o la falta de una red de apoyo, son solo algunos de ellos. Según Silvina Monteros, coautora de la investigación, este también “es un trabajo sobre mujeres migrantes, hecho por mujeres migrantes”, algo trascendental a la hora de situar estas experiencias y para la construcción de sus protagonistas como sujetas políticas.

En esta línea, uno de los objetivos principales es huir de la revictimización: “Mi propuesta era el poder trabajar el no sentirnos víctimas, el quitarnos ese papel de soy una víctima, porque no solamente es ser víctima ante a un hombre, ante a un agresor, es ser víctima ante una sociedad”, explica Luna. Se antoja así fundamental promover una narrativa propia cuando se habla de violencia de género y migración. Una narrativa que hable de los problemas concretos que atraviesan las vidas de las mujeres migrantes en España, y que con frecuencia son analizados desde una perspectiva generalista y llena de estereotipos.

‘Tirar del hilo’ pretende desafiar la concepción en torno a la realidad de las mujeres migradas víctimas y supervivientes de violencia machista, poniendo sobre la mesa experiencias pero también datos. El 33 por ciento del total de mujeres asesinadas en España desde 2003 -cuando se comienzan a recoger cifras de violencia de género- hasta 2019 eran extranjeras. Esta cifra contrasta con otra: solo el ocho por ciento de estas mujeres accede a las ayudas económicas previstas para la lucha contra la violencia de género que ofrece el Estado español. Además, el acceso a los sistemas de protección disponibles también se ve afectado por la condición de migrante, ya que del total de mujeres extranjeras asesinadas desde 2003 el 38 por ciento habían denunciado, pero no recibieron la protección que necesitaban.

Irregularidad y miedo: factores determinantes para la desprotección

“En general las que están en situación de irregularidad no denuncian, denuncian muy pocas, tienen miedo y no conocen la ley ”, explica Monteros. No saben, por ejemplo, que denunciando podrían obtener una autorización de residencia, aunque para conseguirla primero deben obtener una orden de protección. Estas órdenes son solicitadas en un 25 por ciento de las ocasiones, con un porcentaje de rechazo del 30 por ciento. Si al final del proceso de denuncia no se consigue esta orden, las mujeres quedan en una situación de desprotección total frente a sus agresores. El “viacrucis administrativo” para denunciar, como lo define Monteros, expone además a las mujeres a procesos duros e interminables en los que la condición de migrante vuelve a determinar la resolución de los casos ya que, por ejemplo, las pruebas documentales de violencia en el pasado o en los países de origen no son reconocidas por el sistema judicial español.

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